Por: Mariana Tapia
Según una encuesta realizada por Defoe en marzo de 2012[i], para el 56% de las personas entrevistadas, la seguridad y el narcotráfico son los principales problemas del país. La cifra es razonable si pensamos en la inmensa cantidad de información que hemos estado recibiendo al respecto en los últimos cinco años y que inclusive, ha desplazado a otros temas de interés, como el desempleo, la crisis económica o la mala calidad de la educación. Solo en el actual proceso electoral es que el tema de la inseguridad ha sido desplazado del debate público por los medios de comunicación, pero no de las principales preocupaciones de la ciudadanía y de las prioridades del Gobierno Federal.
Ejemplos de ello son el crecimiento en el presupuesto en seguridad y justicia, que en lo que va de la administración del Presidente Felipe Calderón, ha sido del 87%[ii] (con todo y producciones televisivas sobre operativos) y el lugar que ocupan en la agenda interna del país el narcotráfico y la delincuencia organizada (lo que sea que esto signifique).
Sin embargo, hablar de seguridad pública implica más que narrar la mera disputa de plazas por parte de los grandes cárteles, crear teorías sobre la violencia que existe alrededor de este problema o hacer propuestas para que tus candidatos las presenten más como lugares comunes, que como soluciones concretas y viables a un problema complejo.
En Inteligencia Pública queremos ofrecer una breve descripción del estado actual de la seguridad pública en México, con el objetivo de contar con los elementos mínimos para poder tener una opinión informada al menos, para la plática de café.
¿Qué es incidencia delictiva?
Es el número de delitos del fuero común o del fuero federal que son registrados año con año.
En el fuero común se encuentran los delitos—como los robos, los homicidios, las lesiones, los daños en propiedad ajena, los fraudes o los delitos sexuales—de los que deben encargarse las autoridades locales dado que afectan directamente a la ciudadanía y a su patrimonio.
Delitos como el robo han aumentado en los últimos cinco años, en tanto que otros delitos se han mantenido igual, como se puede observar en la gráfica 1.
Los delitos federales por su parte, son aquellos que afectan los intereses de la sociedad y del Estado—como las violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, delitos electorales, delitos contra la salud, asociación delictuosa o delitos ambientales—, por lo que son responsabilidad de la policía y la procuraduría federales.
Como vemos en la gráfica 2, estos delitos han aumentado consistentemente en los últimos seis años. Destaca el caso de los delitos contra la salud, pues una parte de las competencias de las autoridades federales han pasado al fuero común o se han reglamentado algunos casos, como posesión y consumo de pequeñas cantidades de drogas, ello, derivado de una reforma constitucional y al Código Penal Federal.
¿Qué entendemos por cifra negra?
Es cuando la gente decide no denunciar casi el 80% de los delitos de los que son víctima; esto, principalmente porque no creen que vayan a obtener un resultado de una denuncia ante el Ministerio Público, ya que lo consideran una perdida de tiempo y en ocasiones, hasta un riesgo.[iii]
¿Y la policía?
Esta institución es responsable de la prevención de delitos, pero como todos sabemos, casi nadie confía en ella en ninguno de sus niveles (federal, estatal y municipal). México tiene, en promedio, 427 policías por cada 100 mil habitantes[iv] en contraste al de otros países que andan en los 311 elementos.[v]
Aunque no podemos basar nuestras comparaciones sólo en el número de policías de un país, sí podemos afirmar que no sólo es relevante su número, sino la capacidad de respuesta de la institución. Ello implica no sólo su nivel de equipamiento, sino también su preparación y sus condiciones laborales, los mecanismos de evaluación de su desempeño y el nivel de confianza (asegurarnos de que no cuentan con antecedentes penales o están involucrados con la delincuencia o en actos de corrupción).
¿Con qué recursos se cuentan?
Los recursos destinados a prevenir delitos, investigar, detener y castigar delincuentes no se corresponden con los resultados. La gráfica 3 nos muestra el crecimiento de los recursos destinados a la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; así como los diversos fondos, transferencias y subsidios tales como el Fondo de Aportaciones en Seguridad Pública (FASP), el Subsidio para la Seguridad Pública en los Municipios (SUBSEMUN), el Fondo para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) y fondos metropolitanos.[vi]
Además de que no observamos disminuciones considerables en los delitos del fuero federal o en homicidios violentos relacionados con el crimen organizado, las policías siguen sin completar los controles de confianza a los que, tanto el Gobierno Federal, como los gobiernos locales se comprometieron en el 2008.
Por otro lado, los rubros del gasto público que menor crecimiento han tenido son la procuración de justicia a cargo de la Procuraduría General de Justicia y la impartición de justicia, responsabilidad del Consejo de la Judicatura Federal; es decir, los encargados de investigar los delitos y juzgar a los criminales no han visto incrementado sustantivamente sus recursos. Con esto, no es de extrañar que los jueces federales solo hayan condenado a 22 presuntos delincuentes por homicidio y otros delitos asociados con delincuencia organizada durante el periodo de diciembre del 2006 a enero del 2011.[vii]
¿En qué condiciones se encuentra el sistema penitenciario del país?
La sobrepoblación en las cárceles es un problema grave en México. Además de que los presos viven en condiciones indignas, la escasez de recursos ha generado un mercado negro de todo lo que uno pueda pensar: desde cigarros o comida, hasta el pago por protección que le cuesta a las familias de los presos y que somete a muchos de ellos al control de las bandas que controlan los penales.
Aunque la mayoría de los reclusos de delitos del fuero común son responsabilidad de los estados, los presos federales en cárceles estatales rondan los 30 mil.[viii] Para ello, el Gobierno Federal le transfiere recursos a los estados para que éstos alojen a sus presos en las cárceles locales. Generalmente, estos presos —sentenciados o en espera de sentencia por delitos contra la salud, violaciones a la ley federal de armas de fuego o medio ambiente— son más peligrosos que los presos estatales, por lo que no es recomendable que sean recluidos en un mismo lugar.
Tan sólo durante el 2011 el Gobierno Federal otorgó a los estados un subsidio de 932.5 millones de pesos, recursos destinados para alimentar estos presos en cárceles estatales.[ix]
Otro de los problemas en el sistema penitenciario mexicano es que, aproximadamente el 43% de los presos en el país se encuentra esperando una sentencia, lo que obliga a que el sistema de impartición de justicia no sólo contemple la construcción de nuevos penales adecuados para los diferentes tipos de presos, sino que primordialmente deje de valerse de la prisión preventiva como principal herramienta, ello sin importar el tipo de delito. [x]
¿Y la llamada reforma penal?
La reforma constitucional al Sistema de Justicia Penal sigue pendiente y el plazo vence en 2016; hasta ahora ha sido cómodo para tus candidatos decir que muchas cosas no funcionan debido a que la reforma no ha sido totalmente implementada; lo cierto es que hay mucho por hacer, como construir un liderazgo en torno a su implementación, además de destinarle mayores recursos, apoyos políticos efectivos y presión social a los responsables de hacerla realidad.
Como podemos ver, hay mucho para tomar en cuenta antes de elegir.
[i] Encuesta Nacional de 1,600 casos levantada del 24 al 26 de marzo con un error muestral de +/- 2.45%.
[ii] México Evalúa, Gasto en Seguridad, Observaciones de la ASF a la Gestión y uso de recursos, http://www.mexicoevalua.org/descargables/6c9a29_MEX_EVA-INHOUS-GASTO_SEG.pdf
[iii] ICESI, ENSI-7 Resultados primera parte, nacionales y por entidad federativa http://www.icesi.org.mx/documentos/encuestas/encuestasNacionales/ENSI-7_resultados_nacional_y_por_entidades_federativas.pdf
[iv] Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Estado de Fuerza Actualizado
[vi] México Evalúa, Gasto en Seguridad, Observaciones de la ASF a la Gestión y uso de recursos.
[vii] Human Rights Watch, Neither Rights Nor Security, Killings, Torture, and Disappearances in Mexico´s “War on Drugs”, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/mexico1111webwcover_0.pdf
[viii] Secretaria de Seguridad Pública, Población penitenciaria 2011.
[ix] Cuenta de la hacienda pública federal 2011.
[x] Eduardo Guerrero, las Cárceles y el Crimen, nexos, abril de 2012 http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=2102629
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